ASPEL, FAEL, CCOO y UGT crean una Comisión Sectorial para la
Contratación de Limpieza de Edificios y Locales de Andalucía
Acabar con la competencia desleal
en el sector de la limpieza, principal objetivo de patronal y sindicatos en
Andalucía
Todas las partes han puesto de
manifiesto la necesidad de vigilar y controlar la contratación y la calidad de
los servicios prestados, principalmente en la contratación pública, y que no
haya cláusulas de mejora salarial que invadan la negociación colectiva
Servimedia , 7 de noviembre de
2018.- Luchar contra la competencia desleal, primar la calidad del servicio
frente al precio de licitación, mejorar la empleabilidad y dignificar las
condiciones laborales de los trabajadores son los principales objetivos de la
Comisión Sectorial para la Contratación del Servicio de Limpieza de Edificios y
Locales de Andalucía, recién constituida por las patronales del sector de
limpieza ASPEL y FAEL, junto con los sindicatos CCOO y UGT.
El sector de la limpieza de
locales y edificios en Andalucía está formado, según los datos de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por 3.155 empresas, un 18% del total, entre las
cuales se reparten 48.611 trabajadores, que representan el 13,5% de toda la
fuerza de trabajo de este sector, y que ofrecen sus servicios en la comunidad
autónoma más grande y poblada de toda España.
La Comisión nace con el objetivo
de impulsar medidas destinadas a acabar con la competencia desleal que se da en
la industria de limpieza profesional de edificios y locales, en especial por
parte de las empresas que a fin de abaratar los precios provocan una falta de
calidad en el servicio y un deterioro de las condiciones laborales de los
trabajadores.
En este sentido, todas las partes
han puesto de manifiesto la necesidad de vigilar y controlar la contratación y
la calidad de los servicios prestados, principalmente en la contratación
pública. Para lograrlo, elaborarán prescripciones técnicas y establecerán
umbrales económicos que se ajusten a la realidad del mercado para tratar de
eliminar o, al menos, reducir al máximo la brecha que pudiera producirse entre
la concesión de la prestación por parte de la Administración y la realidad de
la práctica habitual del sector.
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